NOBOA NAVEGA CON VIENTO EN CONTRA A ELECCIONES DE FEBRERO.

La desaparición de cuatro niños apresados por militares en Guayaquil, es la más patética demostración de la escalada de violencia e inseguridad que marcó a Ecuador en 2024, bajo el gobierno de Daniel Noboa.

Fuentes gubernamentales se empeñan en resaltar la reducción de muertes violentas, pero la propia magnitud y crueldad de muchos de los casos, sumada a las extorsiones, robos y asaltos han acentuado en los ciudadanos un imaginario de violencia agudizada: el año que está por terminar es tan o más violento que 2023, pese a que las estadísticas mostrarían algo diferente.

Entre enero y el 11 de noviembre de 2024 se registraron 5.717 homicidios. El gobierno suele comparar las cifras del año que está por terminar con las de 2023 para mostrar que las muertes violentas están disminuyendo. Pero si, al revés, ellas se suman a las de años anteriores, se concluye que Ecuador se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo.

En Ecuador, la tasa de homicidios subió de 5.83 por cada 100 mil habitantes, último año de gobierno de la Revolución Ciudadana, hasta 47 por ciento, por cada 100 mil habitantes, en 2023. La cifra ha sido siempre creciente en todo el período neoliberal.

En 2023 Ecuador fue catalogado como el país más violento de América Latina. En 2022 se registraron 4.824; en 2023, la cifra subió a 8.004. Si estos datos se suman a los de 2024, el país registra la escalofriante cifra de mas de 18 mil homicidios en esos tres años.

El principal actor de esa tragedia es el narcotráfico. Pero éste está ligado a la pobreza y desigualdad en el reparto de la riqueza que afecta a Ecuador, y al racismo. El narcotráfico ha encontrado tierra fértil para asentarse, fortalecerse y expandirse en las zonas urbanas más pobres del país, pobladas por negros e indígenas. No es casual que los niños desaparecidos en Guayaquil vivían en zonas marginales y son negros.

Para enfrentar el problema Noboa ha optado por la estrategia propia del neoliberalismo: militarizar el país. En enero declaró la guerra al terrorismo y, al amparo de ese instrumento y de los estados de excepción ha desplegado a militares y policías por todo el país. Ha gastado millones de dólares para afrontar la guerra.

Pero el país está huérfano de programas sociales. El gobierno de Noboa nada ha hecho para redistribuir la riqueza y combatir la pobreza. El neoliberalismo, preocupado por garantizar la existencia de fondos para pagar la deuda externa, no lo permite. Al contrario, cargó con más tributos a la población, de manera indiscriminada. El saldo es una economía estancada, que no abre opciones de empleo a los pobres.

La desaparición de los cuatro niños de Guayaquil tiene un dato claro: fueron apresados por militares de la Fuerza Aérea. De allí, el ambiente se enrarece y obscurece y se presta para cualquier evasión de responsabilidades: habrían sido abandonados vivos por sus captores a en las cercanías de la Base de Taura. La policía de investigación ha encontrado restos humanos incinerados en las cercanías de ese recinto militar al que pertenecen los captores.

Ahora, Noboa parece apremiado por desvincularse de cualquier responsabilidad política en la desaparición de los cuatro niños de Guayaquil. Pero el episodio de Guayaquil ha ocurrido durante la vigencia del estado de excepción decretado por Noboa para algunas provincias del país, entre ellas Guayas, para facilitar las operaciones militares y policiales de combate al narcotráfico. De modo que el mandatario no es solo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Es entendible el apuro del gobernante por desmarcarse de la desaparición de los menores: el país está cerca de las elecciones de febrero próximo, en las que busca su relección. Ese episodio podría sumarse a los apagones y a otros poco felices para el gobernante, como su pretensión de zanjar la disputa con su vicepresidenta Verónica Abad con estratagemas que están al margen de la constitución. Y a esa carga se suman los apagones, el aumento de impuestos a los contribuyentes y el desempleo.

De modo que el gobernante camina con viento en contra.